Enviado por Danilo Figueroa el Mar, 17/04/2018 – 10:04am
Durante esta última década ha sido una constante la invasión a terrenos que tienen carácter expansivo o están dedicados a la actividad de extensión e investigación, propiedad de la universidad pública venezolana.
La Universidad de Los Andes (ULA) ha sido una de las más afectada en Táchira, Barinas y Mérida con la destrucción de vastas áreas verdes y de investigación como la zona protectora de Caparo, la Estación Experimental El Irel y la finca Judibana, respectivamente. Pero también La Universidad del Zulia se ha visto afectada con la invasión de terrenos donde desarrolla trabajo de campo. Igualmente la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado han sido cercadas por estos hechos con escasa acción de los organismos de seguridad.
Una nueva arremetida contra estos campus univesitarios de investigación y extensión fue debatida en la sesión del Consejo Universitario (CU) de la ULA, este lunes 16 de abril de 2018. Es el caso de la Estación Experimental Judibana, ubicada, incluso, en predios de zona de protección aérea del aeropuerto internacional Juan Pablo Pérez Alfonso de El Vigía, la cual nuevamente fue objeto de invasión que, hasta la mañana de este martes 17 de abril, no había sido objeto de actuación de desalojo por parte de la Guardia Nacional Bolivariana.
Los invasores, que son cerca de 100 personas, permanecen en el lugar. Han afectado parte del terreno para sembrar yuca, han utilizado la zona de ordeño de las reses que amerita una normativa de higiene constante. También los invasores taparon el cartel que identifica el lugar como zona académica y perteneciente a la Universidad de Los Andes, paralizaron las actividades de la finca y no hay acción de la Guardia, pese a que ya un Tribunal Agrario dictaminó, ante un caso similar de invasión, que esta zona es propiedad de la ULA y con dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación.
“Cuando se acude a las autoridades del aeropuerto y a la misma Guardia Nacional, la respuesta reiterada es que están esperando órdenes superiores, cosa que es ináudita pues la ley les conmina a actuar y más aún cuando pueden comprobar actos de flagrancia”, dijo el rector Mario Bonucci.
En este sentido el CU se pronunció exigiendo a la GNB que haga respetar el derecho a la propiedad, que haga respetar la decisión del Tribunal Superior Agrario, que haga respetar la normativa de aeronáutica y de la reglamentación que estipula en Instituto Nacional de Tierras. Una comisión de este CU redactará un remitido para ser dirigido a la comunidad merideña y universitaria donde expondrá la gravedad de estos hechos.
