El pasado viernes 1 de julio 4 jóvenes seminaristas fueron agredidos física y psicológicamente por un grupo de delincuentes en las inmediaciones de la Avenida.
Tulio Febres Cordero, en la ciudad de Mérida, llegando al extremo de desnudarles y quemar sus vestimentas, causando así heridas psicológicas que difícilmente sanarán plenamente ante la magnitud de las vejaciones de las cuales fueron objeto.
Esta escena tuvo lugar a plena luz del día, en horas de la tarde, ocurriendo además varios atracos a mano armada, agresión a la propiedad privada e incluso la quema de un vehículo, todo ello ante la ausencia de la fuerza pública, una situación que desafortunadamente se ha transformado en algo común para los merideños.
Desde la Universidad de Los Andes nos vemos una vez más en la obligación de levantar la voz ante tanta violencia sin sentido, y más aún ante la falta de reacción por parte del Estado en cumplimiento de sus obligaciones de proteger a los ciudadanos y a la propiedad, incurriendo así en una violación flagrante del Artículo 55 de la Constitución Nacional, el cual establece que:
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana regulados por ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes…”.
En ese sentido exhortamos al Ejecutivo Regional a asumir con integridad sus responsabilidades en la defensa de la ciudadanía, en un todo de acuerdo con lo establecido en la Constitución y las Leyes, en pleno respeto de los Derechos Ciudadanos y las Libertades Individuales, garantizando así el desenvolvimiento de la vida de los hombres y mujeres en el estado Mérida.
Vale recordar que la violación de los Derechos Humanos se da tanto por la acción contra estos como por la omisión de las medidas necesarias para su defensa, por lo cual advertimos que permitir acciones como las acaecidas recientemente en Mérida representan crímenes de lesa humanidad que no prescriben ni geográfica ni temporalmente.
Vivir en paz, en un ambiente de respeto, es un anhelo de todos los ciudadanos, lo que se representa como un punto de encuentro para sumar esfuerzos en la reconstrucción de la sociedad. No se puede perder de vista que la violencia no mira color político, el hampa no discrimina y la barbarie no se detiene por adscripción de las víctimas a partidos políticos.
Situaciones como la recientemente vivida en la ciudad de Mérida nos deben llevar a reflexionar sobre el proceso de deshumanización que ha sufrido la sociedad venezolana en los últimos tiempos, empujándonos a un punto de insensibilidad ante el sufrimiento del prójimo, mientras nos aferramos al odio y a las divisiones tristemente promovidas desde las más altas esferas de la vida nacional.
No debemos perder nuestra capacidad de asombro frente a los hechos más deleznables, ni mucho menos nuestra responsa firme y solidaria para con aquellas personas que más lo necesitan, en el reencuentro de la sociedad venezolana está el camino para la paz y la prosperidad.
Es precisamente por ello que hoy nuevamente reiteramos nuestro apoyo y solidaridad con Iglesia y sus seminaristas, que son tan hombres de Dios como puede ser un Obispo e incluso el Papa. A todos ellos nuestra palabra de aliento, deseándoles que el odio no se anide en sus corazones y, aunque resulte difícil, logren perdonar a quienes actuaron inspirados con bajeza y miseria.
Somos conscientes de que no se puede confundir el perdón con la impunidad, por lo que invitamos a la colectividad merideña a exigir el respeto pleno de sus derechos, el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los entes gubernamentales y organismos de seguridad, utilizando para tal fin los canales establecidos en la Constitución Nacional, cuyo cumplimiento es garantía de acuerdos para recuperar la paz en nuestro país.